Medios, instituciones y transparencia

Domingo García contra Alberto Acosta

El concejal de Alternativa Ciudadana y el director del programa La Destiladera se las tienen tiesas estos días a raíz de una denuncia de AC respecto a un contrato entre el ayto. de Arrecife y una empresa de Alberto Acosta
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El concejal de Alternativa Ciudadana y el director del programa La Destiladera se las tienen tiesas estos días. Los hechos objetivos son que Alberto Acosta ha vetado a Domingo García en su programa y que Alternativa Ciudadana ha sacado una nota denunciando que se les niega la participación en dicho programa. Acosta se ha apresurado a asegurar que el veto no es al partido en su totalidad, sino exclusivamente a Domingo García, porque sencillamente “no lo traga”.

Al parecer estos hechos acontecen justo después de que AC hiciera público un contrato entre una empresa del citado Alberto Acosta y el ayuntamiento de Arrecife, por un montante de 12.000 euros a cuenta de la organización del denominado “Foro de pensamiento económico”, que contó con la presencia de Zapatero. Tal coincidencia ha hecho sospechar al partido de García que el motivo del veto no es otro que la mencionada denuncia, lo cual consideran “una forma de silenciar nuestra voz”.

Desde luego, tiene toda la pinta. Es habitual en esta isla que los propietarios de medios de comunicación usen estos para arremeter contra cualquiera que ose entrometerse en los asuntos que les atañen, y este no parece sino otro ejemplo más. Eso sí, resulta llamativo que los medios que se han ocupado de propagar estos hechos con más insistencia sean precisamente los que inciden en este tipo de comportamiento con más frecuencia. Cosas de Lanzarote.

Desde aquí, como no puede ser de otro modo, nuestro apoyo a Domingo García y a Alternativa Ciudadana, si los hechos son los que parecen. Además, les invitamos a hacer propia esta propuesta para democratizar los ayuntamientos, lo cual haría que este tipo de cosas no sucedieran nunca más. Mientras la opacidad sea la norma, mientras los contratos y facturaciones que pagamos entre todos no sean públicos por defecto, sin necesidad de que partido alguno lo denuncie, los medios podrán seguir chantajeando a la ciudadanía.