"Se trata de una actuación política que busca expulsarme"

El activista que denunció al policía que sacó su pistola podría enfrentarse a la expulsión inmediata del Estado español

El uruguayo José Morales Brum ha recibido hoy un acta con membrete de la Dirección General de la Policía en que se le denuncia por infracciones administrativas grave y muy grave contra la Seguridad Ciudadana. Ha sido citado para mañana en Extranjería y teme que se le sancione con la expulsión.
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Tomás J. López, Arrecife de Lanzarote

El activista uruguayo José Morales Brum, vinculado a la causa de defensa de los derechos del pueblo saharaui y conocido en Lanzarote por su actividad como sindicalista y colaborador en diferentes causas sociales, ha recibido en el día de hoy una denuncia que parte de la Comisaría de Arrecife, Brigada Local de Información, según la cual habría infringido la Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, con infracciones grave y muy grave, por el altercado en el que un Policía Nacional de incógnito sacó su arma de fuego el pasado viernes en los alrededores de la Calle Real de Arrecife.

Morales, que había denunciado los hechos en la mañana de este sábado fue horas más tarde detenido por la Policía Nacional y acusado de un delito de atentado contra la autoridad pública sobre el que se han abierto diligencias y se encuentra pendiente de juicio.

Sin embargo, en un documento que se le ha entregado hoy, firmado por dos agentes de policía, y que lleva en la parte inferior el membrete de la Dirección Insular de la Administración general del Estado español en la isla -antes Delegación del Gobierno-, se da cuenta de una infracción grave y muy grave. En otro documento entregado esta mañana se le cita para mañana martes 26 de julio a las 11:00 horas de la mañana en la brigada de Extranjería de la comisaría de la Policía Nacional de Arrecife.

En declaraciones a este medio Morales ha asegurado haber contactado con diferentes expertos legales que le informan de que la infracción de que se le acusa podría acarrear la retirada inmedita de su permiso de residencia y trabajo, lo cual podría suponer su retención y expulsión del Estado español.

En la denuncia recibida hoy por Morales se relata el hecho denunciado y considerado grave y muy grave, y este consiste en “gritar ‘policía opresora, policía asesina’ y hacer gestos con las manos incitando al resto de los concentrados para que se aproximaran“. También hace referencia a que el denunciado se abalanzó hacia los agentes así como a “golpes, empujones por parte de la multitud causando lesiones a los policías” y destrozo del mobiliario de las terrazas.

Morales Brum niega que hubiese producido lesiones a los agentes o destrozos en el mobiliario de los locales de la zona, hecho que, asegura, podrían atestiguar los numerosos viandantes, los concentrados prosaharauis y algunos miembros de la plataforma Democracia Real Ya que en ese momento se encontraban en la zona celebrando una asamblea y pudieron ser testigos de lo ocurrido.

Consultado por este medio el Director Insular de la Administración del Estado, Orlando Suárez, desconocía a primera hora de la tarde del sábado si existía parte de lesiones que corroborara la versión policial. Contactado de nuevo esta tarde confirma que existen dichos partes. Sin embargo, sobre la posible expulsión del activista asegura no saber nada ni tener constancia del acta-denuncia emitida contra José Morales.

Estrategia para “quitárselo de encima”

El activista uruguayo considera que esta denuncia y la citación de mañana que podría acarrearle su situación de alegalidad en el Estado español es una estrategia para “quitárselo de encima” ante un hecho “que no produje yo sino un policía que apuntó con su arma y al que yo denuncié”.

Morales asegura estar poniéndose en contacto con diferentes colectivos y medios para frenar lo que asegura es “un atropello por parte de los representantes del Estado en la isla” y que no solo afectaría a él “sino a cualquier compañero que, de resultar incómodo por su actividad social o política podría seguir el mismo camino de la expulsión de manera  unilateral”, ya que, asegura “los hechos no están probados, es solo la versión de la policía”.

La sanción podría ser la expulsión del Estado

Mediante el acta recibida hoy, a José Morales se le informa de una infracción administrativa, que por lo tanto no ha sido dictada por los Tribunales de Justicia, sino por el aparato del Estado, a través de la Dirección General de la Policía. Concretamente se le hace responsable de haber infringido el apartado H del artículo 23, de la Ley sobre seguridad Ciudadana, que supone “la provocación de reacciones en el público que alteren o puedan alterar la seguridad ciudadana“, lo cual constituye una falta grave.

La falta se eleva a la categoría de muy grave por considerar la policía que es aplicable el artículo 24 de esta ley, donde figura que puede ser así “teniendo en cuenta la entidad del riesgo producido o del perjuicio causado, o cuando supongan atentado contra la salubridad pública, hubieran alterado el funcionamiento de los servicios públicos, los transportes colectivos o la regularidad de los abastecimientos, o se hubieran producido con violencia o amenazas colectivas”.

En el artículo 28 de esa misma ley, relativo a las sanciones, figura que “en casos de infracciones graves o muy graves -como es el caso-, las sanciones que correspondan podrán sustituirse por la expulsión del territorio español, cuando los infractores sean extranjeros, de acuerdo con lo previsto en la Legislación sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España”. En este punto se basa Morales y otros juristas consultados por este medio para afirmar que se podría pretender la expulsión de este ciudadano uruguayo del Estado español.

Correspondería al mismo Ministerio del Interior cuyo membrete aparece en la denuncia, o en su caso al Consejo de Ministros del Gobierno de España, la competencia de sancionar con la expulsión a José Morales, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 29 de esta misma ley.