Fernando Becerra quiso imputar a otro administrador más

La Audiencia Provincial confirma el archivo de la causa contra Lanzarotelandia

Considera que la publicación de partes del sumario de la Operación Unión en Lanzarotelandia no constituyó delito, desestima el recurso de Fernando Becerra y le impone las costas del procedimiento
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Antecedentes del Caso:

Meses después de que la Operación Unión pusiera al descubierto una presunta red corrupta con decenas de políticos, funcionarios y empresarios implicados, el juez Pamparacuatro decidió levantar parcialmente el secreto de sumario. En ese momento los tomos revelados, que seguían siendo secretos para el público general pero no para las partes implicadas, se propagaron rápidamente en el mundillo de los partidos políticos y los medios de comunicación. Muchos fueron los medios que publicaron fragmentos y conversaciones de dichos tomos, pero en Lanzarotelandia quisimos ir más lejos, dada la magnitud de lo que allí había escrito. En Lanzarotelandia entendimos que aquellos sumarios eran una crónica de la corrupción que iba mucho más allá de la evidencia de unos cuantos casos concretos y sueltos. Aquellas conversaciones mostraban toda una cultura política, una forma de entender la actividad institucional y las relaciones político-empresariales, que debía conocerse ampliamente por los habitantes de la Isla. Seguimos creyéndolo así. Los hechos, tras casi un lustro, nos han dado sobradamente la razón. Ya nadie pone en duda que el cáncer de la corrupción es profundo y exige fórmulas radicales para su erradicación.

Fernando Becerra denuncia:

Uno de los protagonistas de aquellos sumarios desvelados era Fernando Becerra, presunto intermediario de Luis Lleó para comprar al entonces consejero Carlos Espino hasta en tres ocasiones diferentes, con la intención de desbloquear la situación urbanística en Costa Roja (Playa Blanca). El dinero de los sobornos que ofrecía Luis Lleó habrían sido repartidos entre el propio Becerra y Espino, en caso de que este hubiera aceptado. El mismo Becerra confesó y ratificó dicha confesión en recientes fechas.

El caso es que a Fernando Becerra no le agradó verse retratado en los tomos del sumario publicados por Lanzarotelandia, y denunció al administrador de la web. La denuncia fue aceptada en primera instancia. En el 2011 hubo un interrogatorio por parte de la guardia civil para intentar sonsacar la procedencia de los tomos del sumario (lo cual no lograron). En el 2012 hubo una vista preliminar con la juez, y esta poco después decidió archivar la causa sin celebrarse siquiera vista oral. Fernando Becerra no se conformó con el archivo y recurrió a la Audiencia Provincial. La Audiencia Provincial admitió a trámite la denuncia en el 2013 y finalmente, un año después, ratificó el archivo de la causa imponiendo al denunciante todas las costas del procedimiento.

Cabe señalar que en el recurso del 2013, Fernando Becerra quiso incorporar a las acusaciones el contenido del artículo publicado en Lanzarotelandia el 13 de mayo del 2013: Lanzarote, laboratorio de corrupción y censura, atribuyéndonos un delito de “calumnias” por supuestamente atentar contra el buen nombre del sistema judicial en su conjunto (en el artículo no se dan nombres particulares, si no que se citan casos flagrantes difundidos ampliamente por la prensa en general), pidiendo además la imputación de quien con nosotros administraba la web en aquel entonces.

Las tesis de la Audiencia Provincial:

Vale la pena detenerse a considerar algunas de las tesis sostenidas por los magistrados de la Audiencia para desestimar la denuncia de Fernando Becerra en su totalidad:

1. Considera que no ha lugar a nuevas imputaciones ni a juzgar nuevos hechos en relación al artículo publicado el 13 de mayo del 2013. En todo caso habría de abrirse otro procedimiento diferente.
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2. Considera que no hay delito de revelación de secretos, al no ser Fernando Marcet funcionario de justicia ni parte en modo alguno implicada en el procedimiento. El delito, en todo caso, lo cometería quien difundió los Tomos, no los periodistas que lo recibieron.
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3. Considera que no se atenta al derecho a la intimidad del demandante, toda vez que los folios de los tomos incluyen información relevante para la opinión pública y lo poco que hay que pudiera ser constitutivo de infracción no lo es en la medida suficiente como para seguir con un procedimiento que conlleva una pena de entre 1 año y 3 de cárcel.
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