Intentarán parar la orden de desahucio

Madre e hija, indigentes de la noche a la mañana

Dos mujeres minusválidas se enfrentan el próximo miércoles 6 de julio a un desahucio, y cuentan con el respaldo de 15-M en Las Palmas de G.C. para tratar de evitarlo
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Por Canarias Investiga.org

“Antes veía mi casa tan bonita… Ahora la veo fea”. Con esa lucidez expresa a sus 79 años Felisa Melián la tristeza ante el inminente desahucio de su casa. A su hija Araceli Ramos, que vive con ella y la cuida, le quitaron la pensión por error hace un año, y las dos viven ahora con la ayuda que recibe la madre: 350 euros al mes. En este tiempo no han podido pagar el alquiler de su piso, y les desalojan el miércoles seis de julio a las nueve de la mañana. El movimiento 15-M en Las Palmas de Gran Canaria, en el que han participado, intentará evitarlo acudiendo en masa al domicilio de la calle Manuel de Falla, en el barrio de La Paterna. La misma estrategia que ha dado resultado ya en MadridElcheAlcalá de HenaresMálagaPalma de MallorcaGranadaValladolidJerez.

Araceli es una mujer guerrera. A pesar de que sufre una afección pulmonar. A pesar de que su madre tiene Alzheimer. A pesar de que no le quieren dar la pensión que le corresponde por ley. “No me pueden empadronar porque no tengo el pasaporte venezolano. De eso me enteré ayer [por el lunes] en el Ayuntamiento”. Tan sencillo como eso. O tan complejo.

Esta mujer nació en Venezuela hace 47 años, pero es española. Su “caída en picado” comenzó hace un año. Fue a su caja de ahorros un día cualquiera, y al no poder sacar dinero, le informaron de que su pensión estaba suspendida. Sin previo aviso. Al reclamar ante la administración, le dijeron que ella había estado 90 días en el extranjero de manera injustificada. Eso sin tener siquiera pasaporte en vigor.

“Con la minusvalía que tengo, ¿cómo quieren que saliera de España, nadando?”, se pregunta. El Gobierno de Canarias había mandado retirar la paga, según le informaron, porque no constaba ningún domicilio. Pero se da la contradicción de que la Seguridad Social le envía una asistenta que acude tres horas a la semana para atender a su madre. “Es una cadena de despropósitos. Los servicios sociales de Las Palmas de Gran Canaria no funcionan. Hay una descordinación total.”

Preguntados por este asunto, en el centro correspondiente de Servicios Sociales se remiten a la concejalía, y esta de nuevo a los funcionarios. Mientras nadie responde, Felisa y Araceli se preparan para empezar una nueva vida en la calle.

“Yo me he movido para arreglar mi situación, pero no me permiten corregir el error que han cometido. Ellos siguen cobrando su dinero como funcionarios, y la que estoy en la calle soy yo”, se queja con amargura.

Conversación con la concejala

Hace unos días, Araceli recibió una llamada de la concejala de Asuntos Sociales. Como cada día, estaba junto a su inseparable madre en el Parque San Telmo con los indignados. El ofrecimiento fue enviar a la madre a una residencia y ella a otra. “Le dije que yo soy minusválida, pero no ‘menos válida’. Y que la Ley de Dependencia es el derecho a vivir con mi madre donde le cuide y le atienda, como llevo haciendo 17 años. Ella habla, siente, piensa, y dice que no quiere ir a una residencia. ¿Y yo por qué tengo que resignarme a vivir en una?”, se pregunta.

La orden de desalojar su vivienda llegó hace un mes. Le informaron de que mantiene una deuda de 4.000 euros con el arrendatario, y el juez dictó sentencia. Una situación que no se habría producido en caso de contar con la ayuda de su familia. “Tengo dos hermanos viviendo en la misma ciudad. Lo único que les pedía era 150 euros al mes a cada uno. Que esta también es su madre. Uno de mis hermanos es médico, yo creo que pobres no se van a volver. Y se negaron”, asegura.

Sara Estévez, portavoz del 15-M en la capital grancanaria, comenta que la estrategia para evitar el desahucio es concentrar al mayor número de personas ante el domicio de las afectadas. “Queremos retardarlo lo máximo posible para que el Ayuntamiento rectifique“. No solo se trata del Ayuntamiento, sino que hay una decisión judicial por medio. Aunque con los precedentes de las otras ciudades, se sienten con más fuerza.

“Nos hemos convertido en indigentes de la noche a la mañana“, comenta Araceli. “Por 4.000 euros nos vamos a la calle dos personas deficientes físicamente, y mi madre también psíquicamente”. Esta mujer, que aparenta ser todo coraje, reconoce que se encuentra debilitada. “Ya no soy nada. Simplemente yo y mis compañeros del 15-M que me han apoyado. Y mi dignidad.”