A petición de la fiscalía, la juez que instruye el caso Unión ha aceptado archivar las causas que se seguían contra 17 de los imputados. Cabe señalar que entre el caso Unión y el subsidiario caso Jable hay imputadas más de un centenar de personas, en su mayoría cargos públicos, por diferentes delitos de corrupción.
Entre estos 17 sobreseimientos llama la atención el caso del concejal del ayuntamiento de Arrecife, hoy en la oposición, Joel Delgado (PP). Delgado, como así consta en las conversaciones transcritas al sumario, mantuvo una serie de charlas con el primer teniente de alcalde, Ubaldo Becerra, para intentar que su madre trabajara en el Ayuntamiento a toda costa.
En las conversaciones se refleja que después de valorar diferentes posibilidades a lo largo del tiempo, y ante la insistencia del concejal del PP, que llega a usar expresiones como «no me jodas, tío» o ¿sabes cuánto tiempo llevo esperando?» Becerra le encuentra la solución de trabajar como traductora. Pero dándose el caso que la señora no domina bien el inglés, le aconseja que se apunte en la Escuela Oficial de Idiomas, para «familiarizarse con el inglés».
Conversación con Joel instando a Becerra a buscar una solución para su madre:
Conversación en la que Becerra encuentra la solución para la madre, como traductora:
La juez ha entendido que al no consumarse el delito no puede continuar la causa contra Delgado. No obstante, llama la atención que un caso tan flagrante de intento de aprovechamiento de un cargo público no haya sido en ningún momento recriminado por el PP, siendo que en todo este tiempo Joel Delgado sigue ejerciendo su labor como concejal en la oposición.
El código de buenas conductas del PP (que existe, aunque no lo crean) dice textualmente:
1. Todos los cargos públicos, responsables políticos y
profesionales con funciones ejecutivas en el Partido
Popular,
1.a) Han de observar el máximo rigor y exigencia en el
desempeño de sus funciones, velando siempre por
el interés público y el servicio a los ciudadanos, y
absteniéndose de cualquier conducta que, aún
siendo plenamente legal, pueda dañar la imagen u
honorabilidad de la organización a la que
pertenecen.
1.c) Se abstendrán de toda actividad privada que
pueda suponer un conflicto de intereses con el
ejercicio de su función, y no aceptarán ningún trato
de favor o situación que implique privilegio o ventaja.
1.d) No influirán en la agilización o resolución de
trámite o procedimiento administrativo cuando ello
comporte un privilegio en su beneficio o en el de su
entorno familiar y social.
