Agencia EFE, Las Palmas de G.C.
La oficina del Defensor del Pueblo tramitará la queja presentada por las organizaciones Ecologistas en Acción y Greenpeace, con el apoyo de Ben Magec-Ecologistas en Acción y EcoOcéanos, contra la aprobación por parte del Gobierno canario del Catálogo de Especies Protegidas.
Así lo ha informado hoy a la agencia Efe la responsable de Océanos de Greenpeace, Pilar Marcos, quien expresó la «gran alegría que supone» la admisión de la queja porque, de prosperar, sería un éxito que desde el Defensor del Pueblo se instara a invalidar el texto y a que se rehaga, al «incurrir en graves ilegalidades y vulnerar las competencias estatales en materia de conservación de la naturaleza».
No obstante, Marcos consideró que ya es un logro que la queja en sí se haya admitido, porque formará parte de la memoria anual del Defensor y servirá para que en futuras ocasiones no se acuerde en comisión bilateral, entre un gobierno autonómico y el estatal, la aprobación de «unas normas que son de clara inconstitucionalidad».
En la queja se hacía especial hincapié en el acuerdo entre el Gobierno canario y el Estado para que este último no presentase ante el Tribunal Constitucional un recurso contra la ley, que otorga en las islas a determinadas especies menor protección que la que tienen prevista por las normas del Estado.
Marcos indicó que la oficina del Defensor del Pueblo, en el escrito remitido a las organizaciones ecologistas, no sólo admite a trámite la queja, sino que especifica las posibles múltiples irregularidades del Catálogo denunciadas por los ecologistas, incluyendo entre ellas el haber sido objeto de un acuerdo bilateral entre el Gobierno central y el canario.
Explicó que la única de las irregularidades que la defensora del Pueblo, María Luisa Cava, no asume es la relación entre el Catálogo y el Puerto de Granadilla, debido únicamente a que es un asunto pendiente de resolución judicial, cuestión en la que precisa que tiene prohibido intervenir hasta que la decisión se produzca.
Las organizaciones ecologistas han aprovechado para reiterar su exigencia al nuevo Gobierno canario que salga de las últimas elecciones del 22 de mayo la inmediata retirada del Catálogo, por ser un precedente gravísimo de desprotección de la cada vez más amenazada biodiversidad.
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