Al final se hizo justicia. Muy tarde y con el daño hecho hace mucho, pero sentando al menos un precedente importante. Atrás queda uno de los episodios más negros del periodismo lanzaroteño: Una revista secuestrada judicialmente de los kioskos por contar verdades y expresar opiniones fundadas sobre evidencias más que sólidas; Una multa exagerada contra los responsables de la publicación. Un abogado-secretario-asesor-lo que tercie reincidente que se las daba de victorioso tras usar los engranajes judiciales que tan bien conoce para silenciar a quienes le señalaban con el dedo como lo que era: un individuo que se servía ilegalmente de su pluriempleo para ser juez y parte en todo tipo de entramados urbanísticos.
Puede tardar más o menos, pero al final la verdad acaba acomodándose en su sitio. Y verdad, nada más que verdad, era cuanto contaba Carlota Gutiérrez en su magnífico artículo sobre Felipe Fernández Camero.
Hace solo cuatro días que ha salido publicado en el BOE. Y ha tenido que ser el Tribunal Constitucional, nada menos. Porque al parecer ningún juez de por aquí, ni en Lanzarote, ni en Canarias, ni tampoco en el Tribunal Supremo, supo ver lo obvio: Que Camero era un personaje que trabajaba para la administración pública y que por tanto estaba expuesto al escrutinio periodístico; Que cuanto se contaba en el artículo de Cuadernos era cierto; Que por encima de su derecho al honor estaba el derecho de la ciudadanía a saber qué estaba haciendo este señor y con qué complicidades, puesto que sus tejemanejes afectaban al interés general.
¿En qué situación queda ahora ese juez que ordenó, por su cuenta y riesgo, retirar de los kioskos una revista que hoy queda totalmente legitimada y perfectamente apta para ser vendida y comprada libremente? ¿Y los del Tribunal Supremo, que impusieron una multa que, de tratarse de personas en peor situación económica, les habría supuesto un gravísimo perjuicio para ellos y sus familias? ¿Qué habría pasado si, como ocurre en tantos otros casos, no hubieran tenido ni ganas, ni tiempo, ni dinero para recurrir al Constitucional? Son preguntas inquietantes que nos dejan a los ciudadanos ante una dura realidad: estamos a merced de un sistema judicial que no funciona y que da demasiado poder a jueces locales que, guiados por amiguismos o presiones, son capaces de cercenar publicaciones incómodas e imponer multas desorbitadas para que los de siempre puedan seguir haciendo de las suyas sin las molestias de que alguien les señale con el dedo.
En Lanzarotelandia también hemos pasado por eso. Y los de El Agitador están todavía padeciendo su particular calvario por publicar una viñeta. Y es que el Estado de excepción que sufrimos en Lanzarote no tiene parangón. Los niveles de corrupción que hay aquí, unidos al hermetismo mediático y la endogamia en los estamentos administrativos y judiciales, hacen de esta Isla un auténtico laboratorio de corrupción y censura, sobre el que los caciques practican sus malas artes a sus anchas.
La pasividad de la población solo se explica por el grado de complicidad existente, — quien más quien menos tiene un familiar «enchufado» en alguna administración, centro turístico, etc… o intereses personales que no conviene poner en riesgo estando «a malas» con determinadas personas — y por la desinformación e ignorancia imperante. Cuadernos del Sureste pudo ser, y de hecho fue, precisamente una de esas luminarias informativas que dieron a la gente argumentos para la indignación y la protesta, o por lo menos para la búsqueda de soluciones o alternativas, y por eso la revista fue cercenada. Igual que la revista «La Isla», comprada por los de siempre para silenciar sus artículos más críticos. O lo mismo que pasó con El Agitador. No, en Lanzarote nunca ha sido un buen negocio destapar corruptelas, pero por lo menos quienes una vez lo intentamos tenemos hoy la satisfacción de haber logrado una victoria que hacemos nuestra, aunque la hayan conseguido otros. Ojalá sirva al menos para sentar precedente, de forma que quienes en el futuro decidan hacer otros Cuadernos del Sureste sepan que pueden hacerlo sin miedo a que si algún día mencionan a un cacique o a alguno de sus títeres necesarios, se les retire su revista de los kioskos y se les ponga una multa inasumible.
