¿Ustedes creen que INALSA es una entidad pública? ¿Creen que los Centros Turísticos nos pertenecen a todos? ¿Piensan que cualquiera de las instituciones presumiblemente públicas lo son en efecto?
Yo, sinceramente, no lo creo. Llevan el nombre, tienen la etiqueta, pero no son públicos. Sus gastos sí lo son, las pérdidas, sus deudas, eso sí que es público, pero nada más.
INALSA, por ejemplo, ha tenido una serie de dueños muy concretos. Dueños con nombres y apellidos. Dueños que, como cualquier dueño, han hecho con la empresa del agua lo que han querido. Enchufar a familiares, usar las instalaciones para divertimentos privados, escaquear partidas presupuestarias, etc… El PIL, y también, aunque en menor medida, PSOE y CC, han sido los dueños de INALSA. No tú, ni yo, ni nosotros. Ellos.
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Tres cuartos de lo mismo puede decirse de los CACT o de cualquier otra institución oficialmente catalogada como pública. Es lo que pasa cuando la democracia se convierte en una caricatura de sí misma. Supuestamente somos nosotros quienes elegimos a los gestores de tales entidades, y eso, por sí sólo, debería justificar su carácter efectivamente público.
¡Timo!
Es un gran timo. Un timo perpetrado desde la manipulación de los conceptos, como la mayoría de los timos. Te hacen creer que una cosa es algo, poniéndole nombre de algo, cuando realmente se trata de lo contrario. Timo.
INALSA no es público, los CACTS no son públicos. Si lo fueran, cualquiera de nosotros tendría derecho a saber, con pelos y señales, qué hacen y dejan de hacer sus gestores con sus respectivos presupuestos. Si lo fueran, se nos informaría de cada compra, de cada gasto, de cada nueva contratación. Si lo fueran, todos y cada uno de los convenios colectivos de sus trabajadores, antes de ser aprobados, serían debatidos en el espacio público. Nada de eso sucede, pero ellos, con toda la boca llena, dicen que se trata de empresas públicas. Con un par.
Y luego, claro, vienen los listos de turno vendiéndote la moto de que la solución pasa por «privatizar». No señor, la solución pasa, precisamente, por hacer público lo que hoy por hoy no lo es.
La importancia de las palabras. Deberíamos crear alguna nueva que etiquete con merecimiento la gestión de estas entidades. No son privadas, porque sus dueños no se responsabilizan de las malas gestiones y no sufragan las pérdidas con su propio patrimonio. Pero tampoco son públicas, al no existir transparencia ni compromiso de servicio en unos políticos que se deben a sus partidos antes que a los ciudadanos que presuntamente representan. Son otra cosa, algo distinto que merece un nombre diferente, quizás «partitofundio» (propiedad de los partidos). Una vez que tengamos claro que no existen dos categorías entre las que elegir, sino tres, podremos empezar a discutir cual de ellas es la idónea. Público, privado o partitofundio.
