Juan Ramírez va a empezar a cumplir condena ahora por los delitos que cometió en los años 90. Entró en prisión hace unos días por unos hechos que se remontan al año 95, y todavía tiene pendiente una condena de dos años más por un delito diferente cometido más o menos por la misma época. A lo largo de todos estos años transcurridos, Juan Ramírez siguió siendo alcalde, senador y concejal. De hecho, en el 2007 se presentó por el CCN en Teguise y consiguió el acta de Concejal al que se aferraba para solicitar el indulto que le permitiera eludir la prisión.
¿Ustedes consideran eso normal?
El ejemplo Dimas
Hablemos de Dimas. Dimas cometió su primer delito en el año 1983. La condena le llegó diez años después, en el 93. Fueron dos meses de arresto mayor y seis años de inhabilitación. Pero hasta que llegó la condena en el 93, siguió haciendo y deshaciendo. De hecho, el caso del Complejo se remonta al año 92, y el del Bañadero de Guatiza a los años 90 y 91. Es decir, hasta que le llegó la inhabilitación en el 93 tuvo ocasión de cometer un par de delitos más, uno de los cuales consistió en el «extravío» de varios cientos de millones de las antiguas pesetas.
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No ingresó en prisión hasta el año 1998 (15 años después de cometido su primer delito probado), y entonces recibió un indulto por parte del Gobierno de Aznar que le permitió incluso volver a ser Presidente del Cabildo Insular en el año 2003. Casi nada.
Empresa privada
Traslademos el ejemplo a la empresa privada, a ver qué pasa. Imaginen que ustedes tienen un supermercado y contratan a un señor de encargado para que lleve las cuentas y demás. En una de estas, pillan al individuo cogiendo dinero de la caja y metiéndoselo en el bolsillo. No sólo lo ven con sus propios ojos, las cámaras de seguridad lo han grabado. Presentan la denuncia correspondiente, aportan las pruebas y despiden fulminantemente al encargado… ¿o no? Imaginen que el encargado, a pesar de todas las pruebas en su contra, se declara inocente y apela a su presunción de inocencia. Imaginen que se abre un largo proceso judicial con recursos y contrarecursos, durante el cual ustedes están obligados a mantener al encargado en su puesto… y pasan diez años hasta que al final es declarado efectivamete culpable. Diez años durante los cuales va a tener innumerables ocasiones, dada su posición en la empresa, de volver a robar como ya lo hizo una vez. Y de hecho lo hace (véase ejemplo Dimas).
Ahora, conocido todo esto, ¿quién puede seguir apelando a la presunción de inocencia? En tanto el sistema judicial no acelere sus procesos exponencialmente, debe existir alguna forma de que los ciudadanos podamos protegernos de quienes nos roban a manos llenas. No podemos estar a expensas de individuos que son aupados al poder legislatura tras legislatura por las mismas personas que se benefician de sus delitos. Es aberrante. Los partidos deben eliminar de su discurso, de una vez por todas, eso de la presunción de inocencia. Asuman su responsabilidad política y líbrennos de quienes la justicia ha dado muestras más que sobradas de ser unos corruptos.
En el ámbito de la política no estaría de más separar cuidadosamente la responsabilidad política de la responsabilidad jurídica.
Cuando la conducta de un determinado político muestra indicios racionales de culpabilidad, el político deba asumir, no solo su posible responsabilidad jurídica, penal o administrativa, sino también su responsabilidad política, dimitiendo inmediatamente de su cargo, porque está en entredicho su confianza. Y precisamente la confianza es la baza con la que un cargo público electo puede ejercer su cargo. Es la confianza de sus votantes la que le permite cumplir con su cargo. Cuando ésta queda en entredicho, por simple razonamiento lógico queda descalificado para su ejercicio público.
De la misma manera que su cargo político los blinda en determinadas circunstancias de ser procesados (y bien que se aferran a esa prebenda cuando les interesa) de igual forma la presunción de inocencia está, bajo estas circunstancias totalmente diluida. Su continuidad en el cargo choca contra cualquier código ético, contra cualquier conveniencia democrática y contra el sentido común.
Al solicitar la dimisión de un cargo público sospechoso, no se conjetura su culpabilidad sino su incapacidad para seguir ocupando un puesto de confianza, aunque sea inocente. Lo que resuelvan los tribunales es otra historia.
Las personas que ocupan cargos públicos deben ser como la mujer del César:
Porque quiero- dijo César- que de mi mujer ni siquiera se tenga sospecha».»No basta que la mujer del César sea honesta; también tiene que parecerlo”….