Caso Dimas Martín
En cuestiones de corrupción, Lanzarote siempre ha ido un paso por delante. No por casualidad tenemos a uno de los primeros políticos del postfranquismo (tal vez el primero, desconocemos el dato exacto) en ser encarcelado por corrupción: Dimás Martín, preso en 1979 por un delito de falsedad. El propio Dimas Martín fue uno de los primeros alcaldes en beneficiarse de un indulto, en este caso fue por un delito de desobediencia, al constuir el bañadero de la Caleta. Hasta cuatro delitos diferentes cometió Dimas, todos ellos juzgados y considerados probados por los jueces, seguramente otro récord insuperable (por no hablar de las numerosas imputaciones que aun tiene pendientes por los casos Unión y Jable), más meritorio si cabe si tenemos en cuenta que hablamos del que fue sin duda el político más votado y con más seguidores de la historia democrática de Lanzarote.
Corrupción urbanística
Cuando saltó el escándalo de los sobres del PP a muchos lanzaroteños nos sobrevino una sensación de deja vu… aquella película ya la habíamos visto. Adjudicaciones y concursos públicos que coincidían con donaciones a los partidos; 10% para ti, sobrecoste de la adjudicación para mí; empresarios y políticos de la mano contra el interés general; recalificaciones y pelotazos a tutiplén… con todo eso hemos convivido los lanzaroteños desde los principios de la partidocracia. La Operación Unión no vino sino a confirmar lo que todo el mundo sabía y conocía. Pocos políticos, y practicamente ningún partido de los que ha gobernado, han escapado, y de hecho la sensación que la mayoría tenemos es que solo han cogido a los que tuvieron mala suerte o no contaban con un respaldo en las altas esferas lo bastante potente.
Compra de medios de comunicación
También en esto hemos sido pioneros en Lanzarote. Es imposible montar una buena trama corrupta sin contar con medios de comunicación que te permitan impulsar a los políticos que beben de tu mano y hundir a los que no sean bastante condescendientes. Desviar atenciones, levantar cortinas de humo, etc… En Lanzarote se batieron todos los récords de televisiones locales por habitante, especialmente en años anteriores o coincidentes con las elecciones. Sin ir más lejos ahí tenemos a Juan Francisco Rosa, propietario con Rafael Lasso de la «Corporación Lanzaroteña de Medios», o sea Lancelot TV. Conocida es la vinculación de este empresario, detenido e imputado en unas cuantas causas, con Dimas Martín (llegó a contratarle en una de sus empresas para que obtuviera beneficios penitenciarios). O qué decir del constructor José Luis Betancort, propietario de Archipiélago TV, también detenido e imputado por cohecho en el 2010.
Connivencia judicial. Secuestro de publicaciones
Con todo, probablemente el hecho más sangrante que se da en Lanzarote, o al menos el que da más sensación de aislamiento bananero, sea la permisividad, cuando no complicidad, del aparato de justicia al completo, así como el silencio mediático al respecto, tanto a nivel canario como estatal.
¿Qué les parece que, como se ha sabido recientemente, Luis Lleó, un hombre clave en numerosos casos de corrupción en la isla, contara con el asesoramiento directo nada menos que de dos magistrados del Tribunal Constitucional? Pues eso.
No solo ha sido apabullante el silencio de los fiscales ante lo que todo el mundo sabía y conocía, sino que para colmo de colmos, se ha dado el caso de que ha sido aquí, en Lanzarote, donde se secuestró, por primera vez en España, a una revista por detallar ciertas corruptelas locales, para más inri perfectamente demostradas. Hablamos de Cuadernos del Sureste, una publicación que vió como su edición 11 fue retirada de la calle por imperativo judicial. La propia revista relató el suceso en lo que sería su última edición, la número 12. Pero ahí no quedó la cosa, los responsables de la revista fueron condenados a pagar 15.000 euros por vulnerar el derecho al honor del principal protagonista de lo que era un caso de incompatibilidad con visos evidentes de corrupción.. y todo ello a pesar de que la propia resolución judicial condenatoria admitía que cuanto se relataba en el artículo de Cuadernos era cierto. Inaudito.
Nosotros tampoco hemos salido bien parados. El administrador de Lanzarotelandia sigue a estas alturas imputado por publicar en su web parte del sumario de la Operación Unión, un sumario que a nuestro entender debería ser objeto de estudio en las escuelas, porque en el mismo queda retratado con pelos y señales el funcionamiento de una sociedad corrupta hasta las trancas.
Y por si fuera poco, tenemos ahora el caso de El Agitador, probablemente el más terrible. Curiosamente, y no es casualidad, afecta a una persona emparentada con Camero, protagonista del otro secuestro, el fiscal Pallarés, casado con una sobrina de aquel. 20.000 euros se piden a los administradores de El Agitador por publicar una viñeta que detalla, con absoluto rigor y no demasiada mala leche para lo que merece el hecho, el silencio del que por aquel entonces era el principal fiscal de Lanzarote. Aquí la viñeta y un resumen del caso.
En ningún otro sitio van a encontrar algo similar. Ni en Marbella, ni en ningún otro sitio que se les ocurra. Revistas y publicaciones digitales imputadas, secuestradas y condenadas por denunciar corruptelas probadas y conocidas por todos. Y ello ante el clamoroso pasotismo del resto de Canarias y del resto de España. Es como si se quisiera cubrir con un tupido velo lo que ocurre en esta isla. Ni siquiera los de El Jueves, otra revista que fue secuestrada (el segundo caso que se dió en España, después de Cuadernos), quieren saber nada del tema, a pesar de habernos puesto en contacto con ellos. El aislamiento es total, un aislamiento que nos ha llevado a considerar Lanzarote como un verdadero laboratorio de corrupción, tal y como hemos titulado este artículo.
