Me hicieron gracia las declaraciones de Astrid Pérez: «La querella contra Carlos Espino no es un juego político, es una realidad». Como si los juegos políticos fueran poco reales, o como si una querella presentada por las razones que expliqué ayer, en las que me reafirmo, diera a la querella un carácter irreal. La denuncia es real, claro que sí, como tal vez lo sean los hechos denunciados, pero lo que para mi gusto no es menos real, es que esta jugada forma parte de la partida de monopoly que llevan lustros jugando los clanes sicilianos de la isla.
El PP ha dado muestras más que sobradas de que la corrupción no le importa un pimiento. Por dios, si no hay más que ver la gentuza con la que están gobernando en Cabildo y Arrecife. No hay más que escucharles hablar de los imputados; oírles justificar a los corruptos confesos, de los que incluso se sirvieron para gobernar; no hay más que ver a los asesores con los que se arroparon o asistir a sus patéticas explicaciones respecto a las ilegalidades de los hoteles o las naves de Tenorio. No, al PP no le importa en absoluto el respeto de la legalidad o la lucha contra la corrupción. Le importa cargarse a Espino, eso sí.
No obstante, como ya he dicho, todo eso no quita que la denuncia pueda estar fundada sobre delitos ciertos. De hecho, para mi gusto la cosa pinta bastante fea. Y yo creo que ya va siendo hora de que Carlos Espino dé las explicaciones que lleva birlándonos desde que las primeras denuncias contra su gestión le llegaron.
Dijo Espino que esta denuncia le iba a dar la oportunidad de defenderse ante los Tribunales de Justicia. ¿Y ante la ciudadanía? ¿Por qué ha sido incapaz en todo este tiempo de dar una explicación pública que ofrezca su versión respecto a los hechos concretos por los que se le denuncia? Creo que los ciudadanos, no sólo los jueces de turno, hace tiempo que merecemos esa explicación. Es bastante triste que tenga que mediar una querella para que un representante público se sienta obligado a dar las explicaciones que un importante número de ciudadanos viene demandando hace tiempo.
Las preguntas
Necesitamos respuestas concretas a preguntas concretas. Respuestas concretas a preguntas tan concretas como las siguientes:
¿Es verdad que se adjudicó la remodelación de la cocina de los Jameos a Antonio González, nieto de Gabino Medina (desalojo del Berrugo) miembro destacado del PSOE, vocal de la junta directiva de FELAPYME, expresidente de FEMELAN (Federación del Metal de Lanzarote) y presidente de FEMEPA (Federación de Empresarios del Metal), organización montada cuando la otra se declaró en quiebra por el asunto de las subvenciones no justificadas (por la junta directiva anterior a la que presidió Antonio, todo sea dicho)?
¿Es verdad que dicha adjudicación fue a dedo, que el contrato no se publicitó en el BOE, que no se tuvo en cuenta la oferta más barata y que ni siquiera hubo un concurso abierto?
¿Es verdad que la broma de la cocina acabó costando el doble de lo inicialmente presupuestado (ya sabemos que es lo normal, que todos lo hacen, etc… pero esa no es la cuestión)?
¿Es verdad que se pagaron sistemáticamente precios más altos que los normales del mercado y que al final se abonó a Antonio González una cantidad de 763.231 euros entre los años 2007 y 2009 en concepto de deudas anteriores y de trabajos realizados durante ese período?
Yo creo que son preguntas graves que exigen respuestas convincentes, porque desprenden un tufo a «financiación ilegal de partidos» que echa para atrás, así de claro.
Reyes reconoció entregar licencias ilegales para «ayudar al partido», o sea, al PNL. Ubaldo Becerra y Rodríguez reconocieron cobrar comisiones del 10 por ciento o más «para el partido», o sea, para el PIL. ¿Estamos aquí ante un caso similar? Si es así, nada diferencia al PSOE de las bandas mencionadas. Y nada, al menos a mí, me invitará a pensar que un Cabildo gobernado por los socialistas sea menos peligroso que uno gobernado por Dimas y los suyos.
En cualquier caso, tanto Carlos Espino como el PSOE todavía tienen el beneficio de la duda. Ningún juez ha decidido imputar a nadie por esta cuestión, y eso es bastante más de lo que pueden decir todos esos sobre los que recaen graves acusaciones por parte del ministerio fiscal, algunos de ellos aun en prisión. Pero el beneficio de la duda es también el perjuicio de la incertidumbre. Incertidumbre que sólo Carlos Espino puede aplacar dando explicaciones convincentes, si es que las tiene. Insisto en las preguntas que me hacía ayer: ¿Ante qué estamos? ¿Asistimos a la lucha entre clanes igualmente mafiosos, o al acoso y derribo de un político que quiso ser honrado? El tiempo dirá.
