Marruecos vota su nueva Constitución: reformar el régimen para mantenerlo

Tomás J. López / Agencias

Mañana viernes más de 13 millones de marroquíes están llamados a votar en referendum la nueva constitución impulsada por el rey alauí Mohamed VI y espoleada por los acontecimientos y la ola de revueltas que ha recorrido el norte de África y parte de Oriente Medio en la conocida como «primavera árabe«.

En el caso marroquí, las protestas se han dejado sentir a través del llamado «movimiento 20 de febrero«, precursor de varias manifestaciones secundadas en más de medio centenar de ciudades del país, participadas principalmente por jóvenes y que vienen exigiendo la introducción de profundas reformas democráticas en el régimen político .

El monarca alauí quiso desde el primer momento cortar esta marea de descontento y, a raíz de los fulminantes cambios sucedidos en países de la región como Túnez o Egipto, anunció el pasado 9 de marzo -solo dos semanas después de la primera convocatoria reivindicativa- la apertura de un proceso para la redacción de una nueva Constitución cuyos ejes fundamentales esbozó desde aquel primer anuncio televisado: cesión de poderes hasta ahora copados por el rey en favor del poder ejecutivo, independencia de la justicia aunque bajo supervisión real, «regionalización» -proceso de descentralización que tiene como busca un estatus autonómico para el territorio en conflicto del Sáhara Occidental o zonas como el Rif- y reconocimiento de la lengua tamazigh -bereber-.

Todos los analistas coinciden en que la intención del régimen es, en un momento crítico como el que vive en la actualidad toda la región, articular reformas que den una apariencia más democrática al sistema político evitando en lo posible que crezcan las voces críticas que pudieran poner en jaque a una de las monarquías más antiguas del planeta.

A pesar de ello, el movimiento que precipitó el anuncio real, el «20 de febrero», se manifestó desde un primer momento contra esta reforma por considerarla insuficiente y mermada en su propia tramitación, ya que ha sido un comité directamente nombrado por el monarca el encargado de la redacción del nuevo texto y no una Asamblea Constituyente democráticamente elegida. En esta tesitura el movimiento 20 de febrero ha llamado a boicotear el referendum, mientras los partidos tradicionales apoyan la reforma, al igual que los fortísmos resortes del poder estatal, entre los que están la televisión, los poderes territoriales -walis- o la agencia de noticias MAP.

Las reformas

Los cambios que establece la nueva carta magna que se votará mañana afectan a cuestiones del funcionamiento institucional y a otras más simbólicas del Estado marroquí. En el segundo ámbito se encuadra la privación del carácter «sagrado» del rey alauí. La figura del rey ha sido considerada «sagrada» en Marruecos desde su primera constitución como país independiente en 1962. Ahora esa fórmula se cambiará por la consideración de «inviolable», al tiempo que mantiene el monarca su potestad como líder religioso, al consagrarse también en esta constitución como «comendador de los creyentes».  Marruecos se reconocerá como Estado Islámico, en lo que se ha interpretado como un guiño a la corriente islamista cada vez más fuerte en el país, aunque se garantiza la libertad de culto.

En el ámbito institucional, el primer ministro se convertirá en «presidente del Gobierno» y lo elegirá el partido que resulte triunfador en las elecciones, al contrario que hasta ahora, en que ese poder estaba reservado al monarca, que sigue guardándose en el nuevo texto el «as» de tener «la capacidad de designarlo«. El Consejo de Ministros lo presidirá igualmente el rey que podrá, no obstante, delegar en el presidente.

El presidente del Gobierno gozará de «amplias competencias» y propondrá al monarca a los altos cargos de la administración y a los gobernadores civiles que representan al Estado en las diferentes regiones; no obstante, será el rey quien deberá aprobar estos nombramientos. En la Constitución actual, de 1996, todas estas competencias eran exclusivas del monarca.

Respecto al Parlamento, Mohamed VI tendrá que consultar antes con el nuevo Tribunal Constitucional para proceder a su disolución, para el cual el monarca podrá nombrar a la mitad de sus magistrados.

Por otro lado, se creará un Consejo Supremo de Seguridad, en el que reservará al monarca el control efectivo sobre las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad y que también estará formado por el presidente del Gobierno, los presidentes de las dos cámaras, los jefes de los cuerpos de seguridad y representantes del Ejército. Asimismo, el texto estipula por primera vez que la Justicia es un poder independiente y se creará un nuevo Consejo Supremo del Poder Judicial, presidido por el Rey, encargado de velar por la independencia de los jueces.

La nueva Carta Magna, con un preámbulo y 180 artículos -frente a los 108 que tenía hasta ahora-, reconoce también al tamazigh -bereber- como idioma oficial, junto con el árabe, en un hito cultural histórico en el reconocimiento institucional de  la lengua vernácula de los pueblos norteafricanos.

A pesar de haberse colocado Mohamed VI «en la vanguardia» de los que ambicionan para Marruecos «una monarquía constitucional» lo cierto es que el monarca seguirá manteniendo enormes parcelas de poder impropias de un Estado plenamente democrático, tales como el liderazgo religioso de la comunidad, la presidencia del poder judicial, la vinculación con el poder ejecutivo -presidiendo el Consejo de Ministros y ratificando altos cargos-, la capacidad de disolución de los Parlamentos -aunque sea contando con el Tribunal Cosntitucional- o la dirección sobre la seguridad nacional.

Aun con todo, según ha ido informado en los últimos días la agencia marroquí MAP, las principales potencias occidentales, incluídos los EE.UU., Francia, Gran Bretaña o la UE han saludado con optimismo la reforma que han tildado como «proceso democratizador».

22.000 marroquíes podrán votar desde Canarias

Cerca de 22.000 ciudadanos marroquíes residentes en las islas están llamados a participar en el referendum para la aprobación de la nueva Constitución magrebí. 18.297 podrán votar en la provincia oriental, donde constituyen una de las comunidades migrantes más numerosas. Por islas, en Lanzarote habrá urnas electorales en Arrecife y Playa Blanca; en Gran Canaria estarán en el Consulado General de Marruecos de Las Palmas, en Vecindario y Playa del Inglés; en Fuerteventura en Puerto del Rosario y Pájara.

Por su parte, la provincia occidental tiene censados a 4.052 ciudadanos marroquíes que podrán ejercer su derecho al sufragio en Santa Cruz de Tenerife y Arona.

Además se da la circusntancia de que el actual Cónsul General de Marruecos en Canarias, Abderramán Leibek, ha formado parte de la comisión encargada de la redacción del nuevo texto, nombrada el pasado mes de marzo por el rey Mohamed VI y compuesta por 19 personas -renovadas con posterioridad en una tercera parte- entre las que se encuentran académicos, burócratas y los considerados «expertos en regionalización», como el propio Leibek, natural de Dajla, Sáhara Occidental.