Información de agencias EFE y MAP
Los representantes de Marruecos y el Frente Polisario llegaron ayer domingo a la localidad neoyorquina de Manhasset para iniciar su séptima ronda de conversaciones informales bajo el auspicio de Naciones Unidas, e intentar romper el punto muerto sobre el conflicto por la soberanía del Sahara Occidental.
Delegaciones de ambas partes se reunirán hoy y mañana a puerta cerrada con el enviado especial del organismo para el Sahara, Cristopher Ross, en un nuevo encuentro que pretende crear «el ambiente idóneo» para que se produzcan negociaciones oficiales, indicaron a Efe fuentes de la ONU.
La delegación marroquí está compuesta por el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Taïb Fassi Fihri, el Director General de Estudios y Documentación (DGED), Mohamed Yassine Mansouri, y el secretario general del Consejo Consultivo para los Asuntos del Sahara, Maouelainin Khalihanna Maouelainin.
En las reuniones informales, que se celebran en la finca Greentree de Manhasset, participan al igual que en otras ocasiones Argelia y Mauritania, en calidad de estados vecinos.
La reunión en Manhasset sigue a la mantenida en marzo en la isla mediterránea de Malta. Se espera que ambas partes profundicen en sus respectivas propuestas para lograr un acuerdo que desbloquee las negociaciones sobre la soberanía del territorio norteafricano.
En las conversaciones anteriores los encuentros directos entre las partes concluyeron sin haber logrado un mínimo avance que pueda abrir la puerta a un acercamiento de posiciones. Marruecos sostiene que su plan de autonomía es la única salida realista a un conflicto que dura más de treinta años, mientras que el Polisario defiende la celebración de un referéndum en que la independencia sea una de las opciones.
Esta séptima ronda de conversaciones informales es la primera que tiene lugar desde la renovación en abril del mandato de la Misión de la ONU para el Referéndum en el Sahara Occidental (Minurso), adoptado por el Consejo de Seguridad en una resolución que reconoció la necesidad de mejorar la situación de los derechos humanos en la excolonia española, aunque no creó un mecanismo para su supervisión.
