Desde el inicio de la crisis económica, en el año 2008, los bancos han despojado de sus viviendas hipotecadas a 13.586 familias canarias previo embargo judicial según revelan los datos del Consejo General del Poder Judicial. Así, en 2010, con 4.819 embargos, el número de viviendas hipotecadas desalojadas ha sido tres veces mayor que el registrado el año 2007, el anterior al «pinchazo» de la burbuja inmobiliaria.
Entre 2007 y 2008 los embargos judiciales crecieron en un 123%; entre 2008 y 2009 otro 72%, mientras que entre 2009 y 2010 la morosidad descendió un 13%. Aun así, el saldo total desde el comienzo de la crisis arroja un aumento del 182%.
Por provincias, en Las Palmas fueron 6.933 las familias que perdieron su vivienda mientras que en Santa Cruz de Tenerife la cifra fue 6.650.
Desahuciados y embargados
El embargo judicial de una vivienda no salda la deuda del ciudadano desahuciado con la entidad bancaria que le concedió el préstamo según la actual legislación hipotecaria. El hipotecado puede encontrarse desalojado de la vivienda y con la obligación de pagar al banco la diferencia que este establezca entre el valor que le otorga a la vivienda desahuciada -que suele ser la mitad del precio inicial- y el importe total de la hipoteca. Las asociaciones de afectados por la Banca denuncian que la tasación de las viviendas embargadas suele hacerse bajo criterios poco objetivos y que benefician exclusivamente a la entidad financiera y no al ciudadano desalojado.
El cambio de esta situación exigiría una modificación de la actual Ley Hipotecaria y una restructuración del sistema financiero. Sin embargo, el pasado 10 de mayo los dos principales partidos representados en el Congreso de los Diputados, PSOE y PP, se ponían de acuerdo para tumbar una propuesta de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) que pedía modificaciones en esos ámbitos con el fin de posibilitar que la entrega de la vivienda salde la deuda con la entidad financiera.
Ante preguntas realizadas en la Cámara Baja por ERC sobre este aspecto, la Vicepresidenta Económica Elena Salgado reconoció que «no es propósito del gobierno» abordar esta reforma, argumentando que pondría en peligro la fortaleza del sistema financiero. En términos similares se pronunció el presidente español, Rodríguez Zapatero, quien aseguró en marzo en el hemiciclo que una reforma de esas características arriesgaría la solvencia de la banca.
