“Ningún ser humano es ilegal”

Son ellos y somos nosotros. De un lado los inmigrantes y de otro los españoles. Las barreras están. No debería ser así, pero cada vez separamos más las dos realidades. Los inmigrantes que llegan a este país o que residen en él se alejan de los españoles, porque no tienen iguales oportunidades o derechos prácticos (los constitucionales están, pero no siempre se aplican). Por mucho que nos digan, no siempre hay una estructura política y social equiparable y el inmigrante no tiene la misma  autonomía para actuar en la esfera pública que un español. Esto lo sabemos, porque hay hechos que nos descubren que las diferencias  tienen aplicación doméstica. Por ejemplo, según datos del  Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad en Canarias (MPDLC), el sueldo de un inmigrante y un español por un mismo trabajo puede llagar a alcanzar una diferencia del 35 por ciento. Ellos, en teoría, cobran menos pero nosotros les exigimos los mismos deberes tributarios. Al margen de este dato, hoy en Lanzarote hemos vivido otro hecho desafortunado que nos revela que el origen y la nacionalidad pesan más que los derechos humanos o la igualdad laboral. Hablo de la historia de un activista uruguayo, afincado en la isla desde hace unos diez años,  llamado José Morales. Sobre él pesa una imputación por un delito contra la autoridad y el orden público por un altercado que protagonizó en el contexto de una movilización pacífica pro-saharaui en pleno centro de Arrecife contra una Policía Nacional vestido de paisano que hacía fotografías a los manifestantes y que acabó enseñando su pistola reglamentaria contra un grupo de civiles ( “La Voz de Lanzarote”  ). Al margen, de que se esclarezca en un juicio, si Morales se excedió o si el agente actuó negligentemente, el activista uruguayo se enfrenta a una posible expulsión del país. Es decir, antes de ser expuesto a la rigurosidad de la ley y a la valoración de un juez, como sería lo normal si fuera español, se ha puesto en marcha el motor político-administrativo-policial para echarlo de España. ¿Se trata de una expulsión con V de vendetta? Mirando el video promocional de Alfredo Pérez Rubalcaba, candidato del PSOE a las generales, no veo  ninguna V de venganza, pero sí una R de respeto, responsabilidad, rigurosidad, reflexión o racionalidad. Muchos términos vinculados supuestamente a una ideología que también debiera compartir  el director insular de la Administración General del Estado, Orlando Suárez,  y que curiosamente ejerce su labor desde las filas socialistas, aunque da la impresión que olvidando la política de integración que tanto ha defendido su partido. ¿Estará la política realmente al otro lado del sentido común y la justicia? Particularmente, defiendo la independencia y la función de los poderes públicos y quiero creer en un estamento policial riguroso y firme, alejado del corporativismo y el oscurantismo, pero hoy  la barrera entre los que ostenta poder y los que no lo tienen, es decir, entre los que dirigen y los que están en las trincheras, vuelve a levantarse con tanta irracionalidad que tanto los inmigrantes como los españoles parecemos  víctimas de una represión desproporcionada y bochornosa. Sin embargo, habrá muchos que no lo vean así. De hecho, cuatro de cada diez españoles, según datos del CIS de finales de 2009, están a favor de expulsar a los inmigrantes desempleados, porque se les culpa del deterioro de  la educación y la sanidad o porque acaparan todas las ayudas. Lo dicho, las barreras están y cada vez son más visibles, mientras los políticos se frontan las manos, porque ya tienen un agente externo al que culpar.