He conocido empresarios que para pagar una nómina a sus empleados han tenido que pedir dinero prestado a un banco. No porque la ley les obligara, sino porque eran conscientes de que las familias de sus trabajadores necesitaban ese dinero. He conocido empresarios que pagaban a sus trabajadores mucho más de lo que la situación de oferta y demanda les hubiera exigido (hubieran podido contratar a personas que cobrasen mucho menos), solo porque su propio criterio moral les obligaba a ello. Empresarios que, si las cosas iban bien, repartían beneficios entre sus empleados, subiendo sueldos y aumentando privilegios; y si iban mal, no echaban a la gente de buenas a primeras, sino que intentaban aguantar hasta el último momento.
Pero también he conocido empresarios que no sabían qué hacer con el dinero que ganaban, y que sin embargo pagaban a sus empleados miserias que apenas dan para pagar un alquiler baratito y comer. Empresarios que usaban todos esos millones de beneficios en construir apartamentos y hoteles, muchas veces ilegales, o en sobornar a alcaldes y técnicos para sacar un provecho que perjudica al conjunto de la sociedad.
Tanto en un caso como en el otro hablamos de empresarios. Personas emprendedoras que tienen a otras personas trabajando para ellos. Pero no son lo mismo. Y sin embargo, a ambos se les aplican las mismas leyes rígidas y cuadriculadas. ¿Tiene por qué ser así? De hecho, ¿es de recibo que sea así?
Ocurre como con lo de la ayuda de 400 euros que se daba a los padres por tener un hijo. ¿Cómo se podían dar esos 400 euros por igual a una familia con todos sus miembros en el paro y a un futbolista que gana un millón de euros al mes? No cabe en cabeza humana, pero sucedía. Se crean leyes iguales para todos y se aplican por igual para todos… y eso en teoría está bien. Pero no está bien. Porque de igual modo que hemos llegado a entender que no se pueden cobrar los mismos impuestos a todos, en números absolutos, tenemos que ser conscientes de que unas leyes en materia laboral iguales para todos llevan al aprovechamiento por parte de unos empresarios poco escrupulosos, al tiempo que conducen al desastre a otros.
¿Se imaginan que todos tuviéramos que pagar los mismos impuestos? Pobres y ricos por igual. No sé, pongamos 2.000 euros al año. Que cada año a cada persona, independientemente de sus ingresos, hacienda le cobrara 2.000 euros… seguramente todos estaremos de acuerdo en que un escenario de este tipo sería una locura. No se pueda aplicar la misma fórmula a todos por igual. Se discrimina para evitar injusticias.
Pues bien, imaginemos que esto mismo lo extrapolamos al ámbito laboral. Pongamos que un empresario con tantos beneficios no pueda poner unos sueldos más bajos de tanto. ¿Por qué tiene que haber un salario mínimo igual para todos? ¿No nos enteramos de que el salario mínimo lo aplican precisamente quienes menos deberían aplicarlo? ¿Quienes cobran el salario mínimo en Lanzarote, por ejemplo? Empleados de supermercado y trabajadores de hoteles, mayormente. Empresas con ingentes beneficios, en su mayoría.
Pienso que hemos de tender a generalizar el criterio de proporcionalidad en todo tipo de ámbitos. Hacerlo es imprescindible si queremos evitar que la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen deje de aumentar, como hoy está ocurriendo. No es solo una cuestión de justicia social, sino de supervivencia social. Ninguna sociedad puede sobrevivir cuando existen desequilibrios gigantescos entre unos miembros de esta y otros. Los empresarios que demandan salarios mínimos más bajos y menos derechos para los trabajadores tiran piedras contra su propio tejado, pero su visión egoísta e inmediata les impide verlo. Sus recortes lo único que consiguen es menguar el número de potenciales clientes para sus propios servicios o productos. Más trabajadores con menos dinero y menos tiempo libre equivale a menos consumo, así de simple. Y si se consume menos los perjudicados inmediatos serán los empresarios.
