Paulino Rivero asegura que el documento de ‘KanaryLeaks’ es una falsificación y pide a la Fiscalía que investigue

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El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, emitía en el día de ayer un comunicado en el que desmiente la existencia de un documento oficial del consulado español en México según el cual su esposa, Ángela Mena, y su hermana, Caridad Rivero, habrían adquirido una empresa valorada en 20 millones de euros en la ciudad mexicana de Puebla. Dicho documento, un poder notarial, había aparecido en el portal de Internet ‘KanaryLeaks’, especializado en la revelación de documentos que pudiesen ser de interés público.

Según la versión del presidente, se trataría de un documento falsificado, por lo que ha pedido la intervención de la Fiscalía por si se incurriese en un delito de falsificación de documento público. La aclaración llega tras la publicación, en portada y páginas interiores, de dicho documento por parte el diario tinerfeño «El Día», después de que su editorialista amenazara con descubrir la existencia del mismo.

El texto íntegro del comunicado del presidente canario dice:

«El presidente en funciones del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ante las informaciones publicadas ayer, sábado, 18 de junio de 2011, y hoy, domingo, 19 de junio de 2011, en el periódico El Día, manifiesta:

1. Que siempre ha respetado, respeta y respetará la función de los medios de comunicación, la libertad de expresión y de prensa, así como el derecho fundamental de los ciudadanos a recibir información veraz recogido en la Constitución Española.

2. Que la información publicada en el periódico El Día en su edición de hoy, domingo, 19 de junio, acerca de la existencia de un supuesto poder notarial otorgado por su esposa y otras dos personas, es rotundamente falsa y se basa en la falsificación de un documento público que nunca ha existido, tal y como queda acreditado en la certificación expedida por el Consulado General de España en México.

3. Que nunca ha admitido, admite ni admitirá que se someta al Gobierno o a su Presidencia a chantaje o presión dirigidos a vulnerar la legalidad vigente en cualquier procedimiento administrativo que se sustancie por la Comunidad Autónoma de Canarias.

4. Que la falsificación de un documento público, utilizando sellos y emblemas del Gobierno de España, constituye un delito de especial gravedad, que exige la intervención inmediata de la Fiscalía General del Estado para la averiguación de las personas involucradas en la falsificación y difusión del documento.

5. Que, en consecuencia, ha dado instrucciones para que se emprendan cuantas acciones legales sean procedentes para la defensa de los intereses de la institución a la que representa y para que se requiera a la Fiscalía General del Estado la investigación de los hechos anteriormente citados».

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