Ecologistas en Acción ha denunciado en su informe «Banderas negras 2011: esto es una barbaridad», los daños ambientales que genera la presión urbanística en las costas del municipio lanzaroteño de Yaiza , que junto con Tazacorte, en Tenerife, han recibido este año este dudoso «galardón» que señala casos de insostenibilidad ambiental en el litoral Canarias. A estos dos enclaves isleños se suman a otros muchos repartidos por las costas del Estado español. En el caso lanzaroteño, la polémica de los hoteles con licencias anuladas por la justicia está detrás de esta indeseada distinción.
En el informe los ecologistas hacen mención expresa al Plan Parcial Costa Papagayo, del que dicen que «junto a otros 6 planes parciales lanzaroteños se encuentran anulados por sentencia firmes ante las irregularidades en sus licencias que otorgaron distintos municipios conejeros».
Según el grupo ambientalista las instituciones lanzaroteñas, canarias y estatal «intentan a marchas forzadas en la actualidad distintas vías administrativas para la legalización de los 22 hoteles que se encuentran dentro de estos planes parciales, aunque todos los informes técnicos ratifican la imposibilidad de legalizarlos«.
Papagayo Arena, «indultado»
Entre los daños ambientales que ha generado la masiva urbanización de la zona señalan concretamente que uno de los hoteles del Plan Parcial Costa Papagayo, el Hotel Papagayo Arena, «no solo vulnera la normativa urbanística insular y municipal sino además incumple la Ley de Costas al impedir el acceso al público al mar y el tránsito por la costa».
En este sentido el informe de «Ecologistas en Acción» hace referencia al expediente de expropiación aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente en 2007 cuya finalidad era, según dijeron desde la Dirección General de Costas, demoler dicho establecimiento turístico y restaurar el paisaje alterado. Denuncian que después, bajo el mandato de Elena Espinosa, «se paralizó el expediente de expropiación con el resultado del indulto de facto al hotel».
Recuerda igualmente el documento que «todos estos planes parciales se encuentran anulados por el TSJC, a la espera de su derribo o ajuste a la normativa o «legalización».
En el informe se da cuenta de hasta 64 zonas donde se han producido posibles atentados medioambientales repartidos por todo el litoral del Estado, incluyendo urbanismo desmedido, vertidos contaminantes o alteraciones en la biodiversidad marina causadas por la acción humana.
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