Aunque no es fácil llegar a la página sin usar Google, la web de Repsol contiene datos sobre derrames de hidrocarburos (petróleo y gas) reconocidos (pudieran existir otros no reconocidos) que sus instalaciones han provocado entre los años 2.006 y 2.010.
Empiezan admitiendo que la mayor parte de los derrames se producen en la fase de exploración y producción, que en el caso del petróleo se corresponderían con los sondeos y prospecciones por un lado y la extracción propiamente dicha por el otro.
En los cinco años desglosados reconocen 6.658 derrames diferentes y un total de 7.500 toneladas de hidrocarburo vertidos. Además, del 2.009 al 2.010, última comparativa posible, se aprecia un aumento de más del 20% en el número de derrames.
Repsol especifica que solo contabilizan los «derrames de más de un barril que afectan al medio», por lo que cabe dedudcir que, aunque hablen de «hidrocarburos» en general (gas y petróleo), los datos en realidad se refieren exclusivamente a vertidos petrolíferos.
La página no ofrece datos del 2.011, de modo que no nos es posible saber si esa tendencia al alza en derrames que se aprecia en los años del 2.008 al 2.010 se mantiene o decae.
A la atención de la Presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: el gobierno de España escribe sobre papel mojado
Canarias, 16 de Marzo de 2012. La autorización de prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Canarias por el gobierno del reino de España el viernes 16 de Marzo de 2012 coloca a ese país al margen de la jurisdicción internacional. La Parte IV de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convención de Montego Bay de 1982) está dedicada a la definición y regulación de los espacios marítimos y aéreos en los llamados Estados archipelágicos (en alusión a la zona marítima denominada pelágica, una de las tres denominadas zonas litoral, pelágica y abisal) (Art. 46 al 54). A tal efecto se entiende por Estado Archipelágico «al constituido totalmente por uno o varios archipiélagos y que podrá incluir otras islas» (Art. 46, a). Y por archipiélago «un grupo de islas, incluidas partes de islas, las aguas que las conectan y otros elementos naturales, que estén tan estrechamente relacionados entre sí que tales islas, aguas y elementos naturales formen una entidad geográfica, económica y política intrínseca o que históricamente hayan sido considerados como tal» (Art. 46, b).
En justicia la Tercera Conferencia (que desembocó en el Convenio de 1982) rechazó la aspiración de los Estados mixtos (como es el caso de España) de dar a los archipiélagos dependientes de Estados el mismo trato que a los Estados archipelágicos, para evitar esquilmar aún más a las colonias, como es el caso de Canarias, por lo que España está intentando recurrir al método que mejor conoce, la picaresca, para seguir esquilmando a nuestro pueblo, ahora no mediante la venta de esclavos en los mercados internacionales ni el tributo de sangre como antaño, sino mediante los recursos naturales que la Convención sobre el derecho del mar trata de proteger.
España está gobernada por grupos e individuos que no respetan los derechos humanos, convierten el derecho en una farsa, o mejor en un sainete y sustituyen las normas éticas de la convivencia social por un comportamiento propio de bandidos, no de personas civilizadas y mucho menos de estadistas. Sus gobernantes incumplen las leyes y convenios internacionales y desafían, en vez de acatar, las decisiones de los organismos internacionales que están encargados de velar por el mantenimiento del orden y la paz mundial, dando lugar a un auténtico estado forajido, en definición del filósofo John Rawls.
Canarias aún no es un Estado archipelágico, por lo que la legislación internacional reconoce 12 millas de aguas jurisdiccionales alrededor de cada isla, espacio que administra la potencia de ocupación colonial, España, en consecuencia el resto de las aguas que rodean a nuestro archipiélago son de jurisdicción marroquí o internacionales, por lo que España ha autorizado unas exploraciones petrolíferas en unas aguas en las que no tiene competencia.
En base a lo expuesto es fácil de entender que es urgente proceder a la descolonización de este Archipiélago y a la delimitación de nuestras fronteras, respetando el ordenamiento jurídico internacional, específicamente la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y la Resolución 1514 (XV) de 14 Dicimbre de 1960, de las Naciones Unidas (Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples). Ambas han sido suscritas por España, aunque lamentable y vergonzosamente es un estado que no respeta la legislación internacional, por lo que de seguir con su empecinamiento le sugerimos que, tras los trámites oportunos, se proceda a sancionar a dicho país y de persistir en su misma actitud proceder a su expulsión de las Naciones Unidas.
El Movimiento por la Unidad del Pueblo Canario denunciará ante la prensa y las organizaciones internacionales esta burda maniobra del colonialismo español, en defensa de los intereses de los canarios y canarias.
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