José Luis Delgado, resultó imputado tras solicitar una ayudita a un amigo de CC para que su empresa (la de Delgado) resultara vencedora en un concurso público que adjudicaba el equipamiento de los colegios de Arona. Su empresa no ganó el concurso, pero las grabaciones telefónicas quedaron ahí.
Ana Lupe Mora era Concejal de Urbanismo en el municipio de El Rosario (Tenerife) cuando se aprobó el Plan Parcial del Varadero (en el 2004, por silencio administrativo), contraviniendo la moratoria y estando repleto de irregularidades urbanísticas presuntamente delictivas.
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Juan José Dorta, por su parte, está imputado por delitos relacionados con el Patrimonio, la Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente, al admitir, como alcalde del municipio, la existencia de un polígono industrial en terreno no apto para ello.
Como ven, no hablamos de boberías. No se trata, como en el caso de Enrique Pérez Parrilla y de Rubén Placeres, imputados socialistas en Lanzarote, de meras deficiencias administrativas que no conllevan ningún lucro personal, sino de graves delitos contra el territorio o de amaño de concurso público que tienen por objeto último el enriquecimiento fraudulento.
Obviamente, todavía no se trata de culpables. Son imputados, lo cual quiere decir que un o varios jueces han considerado que hay indicios de delito suficientes. Son imputados igual que lo son los más de treinta inculpados en la Operación Unión, y probablemente transcurran algunos años hasta que sepamos, después de los consabidos recursos y demás, si son culpables o inocentes. Seguramente llegarán las elecciones del 2011 y seguiremos sin saberlo. Pero la sospecha penderá sobre un Partido Socialista Canario que antepone la presunción de inocencia sobre la decencia; el relativismo del «al fin y al cabo imputados hay en todos los partidos», al «nosotros por ahí no pasamos». Es una auténtica lástima que se fastidie de esta manera un camino que había supuesto tantos sacrificios. Especialmente para un Juan Fernando que pudo tranquilamente ser presidente de Canarias a poco que hubiera mostrado la misma comprensión respecto a la presunta corrupción que su compañero José Miguel.
Desde luego, a esta nueva Ejecutiva le va a resultar mucho más fácil alcanzar los pactos que les permitan gobernar. Ganarán las regionales, si las ganan, por muy poco, y luego habrán de pactar con CC o PP para seguir haciendo exactamente lo mismo que estos dos partidos han hecho juntos durante los últimos 15 años. Será un pacto que les permita copar consejerías y dar puestitos a los suyos, pero eso es todo. Los canarios asistiremos a una nueva legislatura de más de lo mismo.
¿Y en Lanzarote? El PSOE de Lanzarote, con buen criterio, se deshizo el año pasado de sus socios pilistas, dada la envergadura del trapicheo comandado por Dimas; pero ahora José Miguel Pérez deja aquel gesto, importante, en mera babiecada. Curiosamente, el gran beneficiado a título personal podría ser Carlos Espino, si al final resulta imputado por alguno de los temas que ha sido denunciado. Dada la posición de esos tres imputados en la regional, nadie podría recriminar a Espino seguir al frente de los socialistas conejeros si el juez decide finalmente inculparle.
En definitiva, que la degeneración política canaria sube un nuevo peldaño. En adelante, los ciudadanos podemos olvidarnos de que los partidos de este archipiélago tengan entre sus prioridades la limpieza de las instituciones y la honorabilidad de quienes gestionan lo público. Ninguno de ellos tiene ya autoridad moral para echar en cara las corruptelas de los otros, y a los ciudadanos sólo nos queda asistir a la mascarada de las siglas, cada vez más ridícula por cuanto las caretas apenas logran ocultar la similitud de lo que detrás de ellas hay.
